El canal de denuncias en compliance es una pieza clave a la hora de implantar un modelo efectivo de cumplimiento normativo. Y es que, gracias a él se evitan responsabilidades penales de las personas jurídicas en los ámbitos laborales o financieros. Su origen parte de Estados Unidos, por lo que también es conocido como whistleblowing o líneas de denuncia.
Qué es un canal de denuncia
Se puede definir al canal de denuncias o canal ético como aquel conducto o mecanismo de comunicación a través del cual, una empresa gestiona las comunicaciones o informaciones formuladas por sus empleados y profesionales de la organización (o personas externas), acerca de posibles conductas irregulares de las que tenga conocimiento. O, simplemente, que considera contrarias a las normas externas o internas de la empresa recogidas en sus protocolos y códigos de conducta.
En la práctica, esta herramienta permite a trabajadores y profesionales avisar a su propia empresa de que se están produciendo malas prácticas o conductas. Los autores de estas pueden ser otros empleados o terceras personas.
Por lo tanto, la finalidad del canal de denuncias en compliance no es otro que mitigar riesgos derivados de esas malas prácticas o conductas indebidas. De esta forma se evitarán sanciones y multas y a su vez se acreditará la existencia de una cultura de cumplimiento en la organización.
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La línea de denuncias en las empresas
El canal de denuncias en compliance está ganando cada vez más presencia en empresas y organizaciones de todo tipo. Según un estudio de la consultora Deloitte, basado en encuestas a 120 empresas, hasta el 70% de las compañías no cotizadas tiene un canal para denuncias externas o internas. Este canal suele ser, mayoritariamente, una línea de teléfono. Si bien, también se emplea el email, formularios en línea u otro tipo de canales.
De hecho, este canal de denuncias suele ser considerado por las empresas como una de las principales medidas para la prevención del fraude interno.
Objetivos del canal ético o de denuncias
Podemos destacar hasta seis objetivos específicos de implantar un canal de denuncias en el sistema de compliance de una organización:
- Detección anticipada de actividades donde pueden cometerse infracciones, para evitar delitos.
- Eximir la responsabilidad penal en caso de comisión de un delito, así como demostrar la implantación de una verdadera cultura de cumplimiento.
- Cumplir obligaciones legales. Cabe tener en cuenta que algunas normas establecen la necesidad de contar con medidas de whistleblowing.
- Funcionar como un sistema disciplinario. El canal servirá para imponer sanciones a los autores de las conductas denunciadas, cuando así proceda y cumplir, en el caso de España, con los requisitos del Código Penal.
- Colaborar con la investigación judicial, aportando pruebas cuando se produzca un procedimiento penal relativo a la organización. Con ello se conseguirá atenuar su responsabilidad penal.
- Actuar como control interno. El canal de denuncias dota a una persona jurídica de una medida de control sobre su propia actividad.
¿Existen los canales de denuncia obligatorios?
Efectivamente, los canales de denuncia son obligatorios en muchos países. En la Unión Europea, la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, obliga a todas las empresas con más de 50 trabajadores a contar con una línea de este tipo. Adicionalmente y dependiendo del sector de actividad de las empresas, existen otras normas que exigen la implantación de canales de denuncia.
Incluso la norma ISO 19600, esencial en la implantación de sistemas de compliance, considera los canales de denuncia una herramienta efectiva de comunicación, sin perjuicio de la existencia de otras.
Orígenes
Como hemos visto, el canal de denuncias en compliance tiene su origen en Estados Unidos, con la Lloyd–La Follete Act de 1912 y Whistleblower Protection Act de 1989. Estas normas hacían referencia a la administración pública. Pero, posteriormente, también se extendió al ámbito privado. En España, la necesidad de contar con canales de denuncia comienza a implantarse en 2015, con la reforma del Código Penal, y en 2018, con una normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales.
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